Se reanudan o reinician los plazos procesales y administrativos a partir del 1 y 4 de junio

Muy atentos para reclamar despidos y ciertos actos administrativos

El pasado 23 de mayo 2020 se publicó en el BOE la Resolución de 20 de mayo 2020, del Congreso de los Diputados, en el que además de autorizarse una nueva prórroga del estado de alarma, se aprobó el alzamiento de la suspensión de plazos procesales, plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones, que computarán nuevamente con efectos desde el 4 de junio de 2020. A su vez, también establece la reanudación de los plazos administrativos a partir del 1 de junio de 2020, o su reinicio, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas. Hay que recordar que durante el estado de alarma no se suspendieron todos los procedimientos administrativos y judiciales, pero los que no se suspendieron fueron la excepción.

Aunque con cierta confusión, respecto a en qué casos se reinicia y en cuáles se reanuda y también en cuanto al solapamiento con otros plazos establecidos a lo largo del estado de alarma, que podrían hacer pensar que algunos procedimientos empiezan a contarse a partir del 31 de mayo o incluso el día posterior a la finalización del estado de alarma (en principio el 8 de junio), lo cierto es que la ciudadanía tiene que estar muy atenta para que no se le pasen los plazos para reclamar, bien en los juzgados, bien a nivel administrativo, determinaciones actuaciones en defensa de sus derechos.

En este sentido hay que estar especialmente atentos ante plazos para reclamar especialmente cortos, como es en el caso de las impugnaciones de los despidos que se han producido en los días anteriores o posteriores al primer estado de alarma decretado el 14 de marzo, que está sometido a un plazo de caducidad de veinte días, teniendo que presentar, además, previamente, papeleta de conciliación ante el Servicio de Mediación correspondiente. Hay que tener en cuenta que, si esos despidos se realizaron sin cumplir los requisitos legales, algo que ha ocurrido con bastante frecuencia durante el estado de alarma, se podría tener derecho la readmisión o a indemnizaciones por un importe de 33 días por año trabajado o su parte proporcional, al que se le unirían otros conceptos impagados como sueldo, extras o vacaciones, además de intereses.

También deberán estar atenta la ciudadanía para reclamar en el ámbito administrativo resoluciones dictadas por la Administración, especialmente las sancionadoras o desfavorables a los intereses de los administrados, en los que se establecen con bastante frecuencia un plazo para recurrir de un mes.

En definitiva, todo aquel que quiera poner en marcha algún tipo de procedimiento judicial, recurrir un despido o cualquier otra medida en el ámbito laboral o recurrir una actuación administrativa, tiene que estar muy atento para que no le pase el plazo, ya que entonces perderá la oportunidad de recibir una indemnización o poder defender sus derechos de una manera adecuada.

Además, todo aquel que estaba esperando a que se reabriera la normalidad en los juzgados o en la administración para interponer algún tipo de reclamación, tiene que tener presente que se empezará a reanudar con mayor impulso a partir de las próximas fechas, en base a los planes de desescalada que se están aprobando, por lo que es bueno momento para empezar a preparar las pertinentes acciones judiciales o administrativas.

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