Prevención y riesgos laborales ante el coronavirus

La propagación del coronavirus en España, además de ocasionar una grave crisis sanitaria, social y económica, está ocasionando un alud de dudas y conflictos, por ejemplo, en el ámbito de la salud en el trabajo.  Todo ello, además, en el marco de un Decreto de aprobación del estado de alarma y de numerosas normas que se han aprobado en la última semana, que han supuesto una modificación del marco regulatorio, para adaptarlo a la extraordinaria situación que vivimos.

A pesar de normativa existente y de los diferentes Reales Decretos, Órdenes, Instrucciones o guías aprobados, los interrogantes son muchos, ya que ante una situación extraordinaria la casuística puede ser infinita, por lo que tiene que ser estudiada caso a caso.  

Como regla general, hay que saber que en atención a los art. 14 y 21 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales, es imperativo evitar que los trabajadores queden expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo.

En este sentido, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo, adoptando las medidas organizativas o preventivas que, de manera temporal, eviten situaciones de contacto social, sin necesidad de paralizar su actividad. El coste de estas medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores.

Además, cuando las personas trabajadoras estén o puedan estar expuestas a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, la empresa estará obligada a:

  • informar lo antes posible acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección.
  • Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, las personas trabajadoras puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo, no pudiendo exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro.

En aplicación de esta norma, las empresas deberán proceder a paralizar la actividad laboral en caso de que exista un riesgo de contagio por coronavirus en el centro de trabajo, ello no obstante la activación de medidas que permitan el desarrollo de la actividad laboral de forma alternativa o bien, de ser necesario, la adopción de medidas de suspensión temporal de la actividad.

Durante esos periodos de paralización de la empresas por razones sanitarias, la empresa tendrá que seguir abonando las nóminas de sus empleados, hasta que se reanude la actividad o en su caso se tramite un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), lo que supone la suspensión de los contratos de trabajo con causa en un supuesto de fuerza mayor. Además, no cabe obligarte a cogerte dichos días a cuenta de vacaciones, aunque se pueden tomar de mutuo acuerdo, siempre remuneradas.

¿Qué medidas son éstas en relación con el coronavirus? Creo que en este caso habría que atender a las distintas recomendaciones que se están realizando desde el Ministerio de Sanidad y sus organismos públicos, tales como mantener la distancia de interacción entre personas de un metro, restricción máxima en el acceso de una persona a otra área distinta a lo mínimo estrictamente necesario, poner las medidas para que el mayor número de personas trabajen desde casa, cancelar la atención al público o que sea la mínima e imprescindible y con normas estrictas de seguridad, extremar la limpieza en el centro de trabajo, adaptar los medios de protección a la actividad laboral concreta, uso de medios de protección en su caso, etc. Aún así, la casuística será muy extensa, por lo que habrá que ir viendo caso por caso. Puede servir de referencia una guía publicada por el propio Ministerio se Sanidad, junto a sindicatos y asociaciones, aunque está orientada especialmente a trabajadores sanitarios:

Paralización por los trabajadores

Si la empresa no toma decisiones suficientes para proteger a sus trabajadores, en el caso de que la prestación de servicios en el centro de trabajo conlleve un riesgo grave e inminente de contagio por coronavirus, también las personas trabajadoras pueden interrumpir su actividad y abandonar el centro de trabajo.

Asimismo, por decisión mayoritaria, la representación unitaria o las delegadas y delegados de prevención, podrán acordar la paralización de la actividad de las personas trabajadoras afectadas por el riesgo de contagio grave e inminente por coronavirus. Las personas trabajadoras y sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave.

Una de las cuestiones más complicadas es determinar un concepto indeterminado como es “riesgo grave e inminente”. En este sentido la propia ley  de Riesgos Laborales, en su artículo 4.4 determina que “’Todo aspecto que resulte probable que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores del puesto”.

Por eso, sobre todo en base al criterio de inmediatez en el riesgo, hay que hacer una valoración de la situación en el centro de trabajo, que tenga exclusivamente en cuenta hechos fehacientes que lleven a entender que la continuación de la actividad laboral supone la elevación del riesgo de contagio para las personas trabajadoras. No deja de ser interpretable y por tanto, complicado de determinar.

Un elemento determinante para suspender la actividad sería, a parte de las condiciones de trabajo concretas de la empresa, la existencia de algún caso de coronavirus en la misma, o simplemente la mera sospecha fundada. Además hay que tener en cuenta que, la propia autoridad, en un momento dado, podría decretar el cierre o suspensión de actividades de un centro determinado.

Por otro lado, las restricciones de movimientos suponen que los desplazamientos al trabajo, los cuales están permitidos, tengan que hacerse de una determina manera. El Gobierno ha insistido que sean individuales, lo cual plantea un problema cuando estos se realizan en vehículo particular o de empresa.

Hay que decir también que si se produce un contagio en el centro de trabajo porque la empresa no ha adoptado ninguna medida de prevención, este contagio es considerado accidente de trabajo y se producirá un recargo por falta de medidas de seguridad de las prestaciones que la Seguridad Social abone por la enfermedad, a más de ser sancionada por infracción grave para la autoridad laboral y una muy probable indemnización por los daños y perjuicios sufridos en caso de que exista responsabilidad civil.

Según se ha determinado en diversas Órdenes Ministeriales, tanto al trabajador que contraiga la enfermedad, como quien tenga que estar en situación de aislamiento preventivo, se le considerara en situación de baja por accidente de trabajo, lo cual implica recibir el 75 % de la base reguladora al considerarlo accidente de trabajo, aunque puede llegar a cobrar el 100% si así lo estipula su convenio colectivo.

En todo caso, si tiene duda sobre cualquier cuestión jurídica suscitada ante esta situación provocada por el coronavirus, este despacho ha habilitado un servicio jurídico on line de asesoramiento y gestión. Primera consulta gratuita

Pueden acceder aquí:

https://enriquelopezabogados.com/servicios-juridicos-frente-al-coronavirus/

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