Se suspenden los plazos procesales y administrativos durante el estado de alarma

Las Disposiciones Adicionales Segunda, Tercera y Cuarta del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por elCOVID-19, establece la suspensión de plazos procesales, salvo para algunas actuaciones, la suspensión de los plazos administrativos y la suspensión de plazos de prescripción y caducidad. En un sentido muy parecido se había pronunciado ese mismo día la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

Esto implica que se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.

No obstante se establecen algunas excepciones, sobre las que no se aplica dicha suspensión:

  1. En el orden penal: procedimientos de habeas corpus, a las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, a las actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores. No obstante, los Colegios de Abogados están solicitando que la asistencia letrada a los detenidos y a las víctimas de violencia doméstica tanto en sede policial como judicial se faciliten de forma prioritaria tanto por medios telefónicos como videoconferencias necesarios y que sea presencial en último caso y tomando todas las medidas de precaución necesarias. Asimismo, en fase de instrucción, el juez o tribunal competente podrá acordar la práctica de aquellas actuaciones que, por su carácter urgente, sean inaplazables.
  2. En relación con el resto de órdenes jurisdiccionales la interrupción a la que se refiere el apartado primero no será de aplicación a los siguientes supuestos:
  • El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ni a la tramitación de las autorizaciones o ratificaciones judiciales previstas en el artículo 8.6 de la citada ley.
  • Los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas regulados en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. Especialmente importante se prevé que sea el trabajo en este ámbito, ante la gran cantidad de expedientes de regulación temporal de empleo que se están produciendo.
  • La autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico prevista en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
  • La adopción de medidas o disposiciones de protección del menor previstas en el artículo 158 del Código Civil.

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez o tribunal podrá acordar la práctica de cualesquiera actuaciones judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso.

Plazos administrativos

En la misma línea, se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público, de todas las Administraciones. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. No obstante, el órgano competente podrá acordar, mediante  resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo

Por último, los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren.

Servicios bajo mínimos en juzgados, registros y notarias

Ante esta situación, se han establecido en los distintos Tribunales y Juzgados se han establecido unos servicios esenciales con un personal mínimo para hacer frente a las labores urgentes. Así mismo, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ha aprobado diversas Instrucciones, tanto en el ámbito de los Registros Públicos, como en el de las Notarias, en las que priorizan la atención telefónica o por correo electrónico, dejando la posibilidad, para casos urgentes, en el caso de las Notarias, las gestiones presenciales, siempre bajo medidas de protección.

En todo caso, si tiene duda sobre cualquier cuestión jurídica suscitada ante esta situación provocada por el coronavirus, este despacho ha habilitado un servicio jurídico on line de asesoramiento y gestión. Primera consulta gratuita

Pueden acceder aquí:

https://enriquelopezabogados.com/servicios-juridicos-frente-al-coronavirus/

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