Cabe solicitar la nulidad de una cláusula abusiva, aunque el contrato de préstamo ya se haya extinguido

Nuevo varapalo judicial a las entidades bancarias frente a los consumidores

La STS 662/2019, de 12 de diciembre (Sala 1ª, Pleno), dictamina que la consumación o la extinción del contrato no impiden el ejercicio de la acción de nulidad de una cláusula abusiva, no existiendo fundamento legal para afirmar que la consumación de un contrato impide el ejercicio de la acción de nulidad.

Las entidades bancarias deben asumir responsabilidades por clausulas abusivas

Según argumenta el Tribunal Supremo, en los contratos de tracto sucesivo, cuando la consumación del contrato coincide con el agotamiento o extinción del contrato, el término inicial de ejercicio de la acción de nulidad previsto en el art. 1301 del Código Civil para los casos de error, dolo o falsedad de la causa, coincide con el momento de extinción del contrato, tal y como ya declaró el TS en la sentencia 89/2018, de 19 de febrero.

Además, el alto tribunal establece que, si la acción ejercitada por los recurrentes hubiera ido dirigida exclusivamente a que se declarara la nulidad del contrato o de una cláusula, sin formularse una petición restitutoria, podría cuestionarse que exista un interés legítimo en obtener un pronunciamiento meramente declarativo en un contrato ya extinguido. Pero en el caso objeto del recurso, la finalidad de la demanda interpuesta por los hoy recurrentes fue obtener la restitución de lo indebidamente cobrado por la entidad financiera en la aplicación de la cláusula suelo. La solicitud en la demanda de un pronunciamiento judicial que declarara la nulidad de dicha cláusula ha de entenderse como un antecedente necesario para lograr el pronunciamiento que condena a la restitución de lo indebidamente cobrado en aplicación de la cláusula nula. Los prestatarios tienen un interés legítimo en obtener la restitución de lo que pagaron en aplicación de una cláusula que consideran nula de pleno derecho por ser abusiva.

El Tribunal Supremo se basa en jurisprudencia europea

Por último, argumenta que como recuerda la sentencia del propio Tribunal Supremo 546/2019, de 16 de octubre, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ( sentencias de 30 de mayo de 2013, Dirk Frederik Asbeek Brusse, C-488/11, apartado 44, con cita de resoluciones anteriores ; de 6 de octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08 , apartado 42; de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo, asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15; de 26 de enero de 2017, Banco Primus, C-421/14; y auto de 16 de noviembre de 2010, Pohotovost, C-76-10 , apartado 50) afirma que el art. 6.1 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (que establece la no vinculación del consumidor a las cláusulas abusivas) debe ser considerado como una norma equivalente a las disposiciones nacionales que en el ordenamiento jurídico interno tienen rango de normas de orden público; consideración que extiende a todas las disposiciones de la Directiva que sean indispensables para la realización del objetivo pretendido por el precepto.

La Sentencia del Tribunal Supremo rectifica, por tanto, la que había dictado la Audiencia Provincial de Badajoz, así como la del Juzgado de Primera Instancia, que no tuvieron en cuenta las pretensiones de los consumidores por considerar que no se podía recurrir un contrato extinguido.

De esta manera el Tribunal Supremo, basándose en la normativa estatal y especialmente en la normativa y jurisprudencia europea, vuelve a dar un nuevo varapalo a las entidades bancarias, que tendrán que hacer frente a indemnizaciones frente a consumidores que en su día tenían en sus contratos de préstamo hipotecario cláusulas nulas de las que se derivaría la devolución de cantidades, aunque dicho préstamo ya se haya pagado o extinguido.

En todo caso, hubiera sido recomendable que el Tribunal Supremo hubiera concretado el plazo de prescripción de la acción de nulidad de cláusulas abusivas por parte de los consumidores. Puede quedar aún la duda si sería una acción imprescriptible (para siempre), de cuatro años como se establece para las acciones de anulabilidad del Art. 1301 del Código Civil, o de 5 años para restitución de cantidades.

Aquí el enlace a la sentencia completa:

http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/d33e0b6fda46ce6a/20191218

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